Un operativo policial en la zona cordillerana de la provincia logró desarticular una red delictiva dedicada a la caza furtiva, el tráfico de armas y la adulteración de documentación. La investigación, que se desarrolló durante más de dos meses, concluyó con el allanamiento de 20 domicilios y el secuestro de un importante arsenal, además de municiones, dispositivos electrónicos y documentación falsa.
El procedimiento fue encabezado por la División de Seguridad Rural de El Maitén y se denominó “Bautismo Colorado”, en alusión al período de brama del ciervo colorado, momento en que se intensificaba esta actividad ilícita. La operación contó con colaboración de fuerzas policiales de la provincia de Río Negro, ya que algunos de los domicilios allanados se encontraban en la localidad rionegrina de Ñorquinco.
Un negocio ilegal con formato de safari
Según detalló el Ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, todo comenzó con controles rurales rutinarios, donde la policía detectó a supuestos cazadores sin armas, permisos ni piezas capturadas. Esto despertó sospechas en los agentes, quienes iniciaron una investigación que incluyó intervenciones telefónicas durante 60 días.
Durante ese período, se descubrió una red que operaba con métodos organizados: pobladores locales convocaban cazadores a través de redes sociales, muchos provenientes de provincias como Misiones, Corrientes y Buenos Aires. A cambio de una suma que oscilaba entre 1.300 y 2.300 dólares, se ofrecía una “experiencia de caza” con todo incluido: desde el acceso clandestino a los campos, hasta el uso de armas, provisión de municiones y la posibilidad de llevarse el “trofeo” (las astas y cabeza del ciervo colorado).
Además, se determinó que ingresaban sin autorización a campos privados, lo cual implica delitos de abigeato e intrusión ilegal. “Era un esquema similar al de un safari, pero completamente fuera de la ley”, explicó el Ministro.
Secuestro de armas y municiones
El lunes por la madrugada se llevaron a cabo los allanamientos de manera simultánea en El Maitén, El Hoyo, Cushamen, Lago Puelo, Puerto Madryn y Ñorquinco, entre otras localidades. Se secuestraron cerca de 50 armas de fuego, muchas de ellas de grueso calibre y 17 totalmente ilegales, algunas incluso con numeración limada.
También se hallaron más de 5.000 municiones, puntas, pólvora, fulminantes y dispositivos para la recarga de cartuchos. “Esto evidencia que no solo cazaban, sino que también comercializaban armamento y municiones sin ningún tipo de control”, indicó Iturrioz.
Una estructura organizada
La red estaba meticulosamente estructurada: había personas dedicadas exclusivamente a monitorear los controles policiales, otras encargadas del transporte de armas y otras del traslado de carne. Todo esto se hacía con el objetivo de evadir la ley y continuar con las actividades ilegales sin interrupciones.
Uno de los aspectos más graves de la investigación fue el hallazgo de documentación adulterada de ANMaC (Agencia Nacional de Materiales Controlados), el organismo que regula la tenencia de armas en el país. “Adulteraban permisos para intentar pasar como legítimos usuarios. Es un delito muy grave”, advirtió el funcionario.
Investigación en curso
Hasta el momento, hay 20 personas involucradas y la investigación sigue en curso. Se secuestraron teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos que serán clave para determinar los roles individuales dentro de la organización y si hay más implicados.
“Esperamos que el análisis de la información digital nos permita avanzar con más imputaciones. Hay registros fotográficos, conversaciones y transferencias que todavía no fueron examinadas a fondo”, afirmó Iturrioz.
Respecto a los “clientes” que participaron de estas excursiones ilegales, el Ministro señaló que podrían enfrentar sanciones administrativas y multas, ya que todo cazador debe conocer las normativas vigentes para realizar la actividad.
Impacto ambiental y social
Además del daño ambiental y a la fauna silvestre, esta actividad ilegal ponía en riesgo la seguridad de los habitantes rurales. “Estamos hablando de armas que tienen un alcance de hasta 4.000 metros. Si disparaban sin precaución, podían herir o matar a alguien sin siquiera verlo”, alertó el ministro.
La investigación y los operativos fueron coordinados con la Fiscalía de Esquel, a cargo del Dr. Carlos Díaz Mayer, quien acompañó la ejecución de las diligencias judiciales.
