Impulsado por el Gobierno provincial la eliminación de fueros para funcionarios, legisladores y miembros del Poder Judicial, la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chubut salió al cruce de la medida. Su presidente, Claudio Petris, confirmó que se presentó una acción de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia contra la ley sancionada por la Legislatura que modifica los artículos 247 y 248 de la Constitución provincial.
La normativa en cuestión pretende, entre otros puntos, que la eliminación de los fueros se someta a referéndum popular en las elecciones del próximo 26 de octubre. El gobernador Ignacio “Nacho” Torres ha sido enfático en su respaldo a la iniciativa, cuestionando a quienes “no toleran que se les saquen los privilegios”.
Sin embargo, Petris rechazó ese encuadre: “No estamos hablando de privilegios. Los fueros, o más precisamente las inmunidades funcionales, son garantías de independencia. No se refieren a la persona del magistrado sino al adecuado ejercicio de su función, libre de presiones o amenazas externas”.
El titular de la Asociación de Magistrados explicó que la eliminación de estas inmunidades sin un análisis profundo pone en riesgo la independencia del Poder Judicial. “Si un juez puede ser denunciado penalmente por una sentencia que no gusta, sin protección constitucional, se afecta el equilibrio entre poderes y se vulneran los derechos de los ciudadanos”, advirtió.
Asimismo, recordó que existen mecanismos institucionales como el Consejo de la Magistratura para sancionar faltas o delitos cometidos por magistrados en ejercicio, incluso con posibilidad de destitución. “El sistema ya contempla controles. Lo que no puede permitirse es que se convierta en herramienta política la posibilidad de apartar a un juez porque sus fallos molestan”, sostuvo.
Un debate que escala
La ley 520/01, aprobada por la Legislatura, enmienda los artículos constitucionales que protegían con fueros a diversos funcionarios. La polémica se encendió cuando el gobierno incluyó también a jueces, fiscales y defensores públicos dentro de los alcanzados por la medida.
Desde el Ejecutivo, el planteo se apoya en la idea de transparencia y “fin de los privilegios”. Petris, sin embargo, señala que “el fuero judicial no puede ser reducido a la idea de un beneficio personal”, y recalcó que “no todas las leyes son buenas solo por haber sido aprobadas; por eso existen las acciones de inconstitucionalidad”.
