La parálisis casi total de la flota colorada, integrada por los buques congeladores dedicados a la pesca de langostino, ha derivado en un conflicto gremial de alta tensión que expone un problema estructural en el sector pesquero argentino: la puja entre condiciones laborales, rentabilidad empresaria y ausencia del Estado como regulador y garante del bien común.
La controversia quedó en el centro del debate tras el fallido intento de botadura del buque Marlene del Carmen, cuya primera marea se convirtió en símbolo del enfrentamiento. El barco zarpó en medio de una medida de fuerza del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), cuya seccional Mar del Plata acusa a la empresa armadora de haber presionado a los tripulantes para romper la huelga, en un acuerdo presuntamente irregular por fuera del Convenio Colectivo de Trabajo.
Óscar Bravo: “No se puede acordar a la baja por más necesidad que haya”
Óscar Bravo, Secretario General del SOMU en Mar del Plata, aseguró en diálogo radial que el conflicto tiene raíces profundas: “Tenemos dos meses de atraso en la paritaria del sector congelador. Lo que se negocia no es solo un salario básico, sino los ítems que de ahí se desprenden: días de trabajo, francos, guardias. Esa fue la base de la medida de fuerza”.
Pero el conflicto estalló cuando el Marlene del Carmen, un buque de reciente construcción perteneciente al grupo armador Gad Group, intentó salir al mar con una dotación inferior a la establecida por el Convenio. Según Bravo, el convenio establece que buques de ese tipo deben operar con un mínimo de 10 marineros. La empresa intentó hacerlo con 8, alegando que pagaría la diferencia correspondiente por los faltantes, algo que el gremio considera inaceptable sin participación sindical.
“Pusieron a la Prefectura a bloquear el acceso al muelle de nuestros delegados. Fue un operativo para impedir nuestra intervención. A la tripulación la presionaron. Tenemos hasta los audios. Les dijeron ‘si vos no salís, tengo otro que sí va a salir’”, denunció Bravo.
¿Carneros o víctimas? Un conflicto con trasfondo social
El gremio calificó a los tripulantes que aceptaron embarcar como “carneros”, término con fuerte peso en el mundo sindical, aunque luego aclararon que muchos lo hicieron bajo presión. En Mar del Plata, explicó Bravo, hay hasta 80 marineros diariamente “pateando el muelle” en busca de trabajo. “La necesidad hace que acepten condiciones que están por fuera de lo que marca el convenio”, admitió, aunque insistió: “No se puede acordar por debajo. Es ilegal”.
Los empresarios y la caída del precio internacional del langostino
Del otro lado, los empresarios argumentan que las condiciones actuales del mercado internacional no permiten sostener los costos laborales. El precio del langostino habría caído, y salir a pescar implicaría operar con pérdidas. De allí, según el sindicato, surge un intento de aplicar un “lockout” de hecho: “No salen los barcos no porque no puedan, sino porque están buscando bajar salarios”, acusó Bravo.
Sin embargo, desde el sector empresario no se ha presentado documentación que respalde ese argumento, según reclama el gremio. “Si dicen que están en crisis, que lo demuestren. Que presenten balances, que activen el mecanismo legal de Comisión de Crisis”, sostuvo Bravo.
Un Estado ausente ante un recurso nacional
Una de las principales críticas de SOMU apunta al Estado, cuya ausencia se hace notoria: ni en la conciliación entre partes, ni en la regulación de un recurso natural clave como el langostino, cuya renta y exportación impactan directamente en la economía argentina.
“El recurso no es nuestro ni de los empresarios. Es del pueblo argentino. Y acá el Estado debería estar presente no solo por la cuestión económica, sino por soberanía y equidad”, dijo Bravo.
