Una reciente resolución del Gobierno nacional ha desatado fuerte preocupación entre profesionales de la salud al autorizar la importación de productos médicos usados sin necesidad de autorización previa de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Entre los insumos contemplados en esta medida se encuentran adhesivos para dentaduras, aerocámaras, almohadillas eléctricas, andadores, apósitos con adhesivo, barbijos, bastones, bolsas colectoras de orina, entre otros, sumando un total de 41 productos habilitados para ingresar al país bajo esta normativa.
Eduardo Molina, presidente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia del Chubut, dialogó con nuestro medio y expresó su profunda preocupación frente a lo que considera una amenaza directa a la salud pública. “Estamos asustados. Este tipo de resoluciones van en contra de la seguridad sanitaria de la población. Es absolutamente increíble que se insista con medidas como estas, que debilitan el rol de control que tiene la ANMAT”, afirmó.
Molina recordó experiencias previas, como las de la década del 90, cuando decisiones similares derivaron en problemas sanitarios serios. “Hemos visto lo que sucede cuando ingresan insumos usados sin control: contaminación, infecciones, y un riesgo generalizado para la población. El argumento de que es para uso personal no alcanza. Aunque una sola persona se vea afectada, el riesgo de diseminación de virus, bacterias u hongos es real”, advirtió.
El especialista criticó también la motivación detrás de la resolución, que considera netamente economicista. “Acá se antepone la libertad de compra y la reducción de costos a la salud de la sociedad. No todo puede regirse por el mercado. Estamos hablando de elementos médicos que deben ser seguros, y eso solo puede garantizarse con control sanitario”.
Otro aspecto cuestionado por Molina es el desplazamiento de la ANMAT como organismo rector. “Esta resolución contradice una ley nacional que establece que la ANMAT es el ente encargado de controlar la calidad y seguridad de medicamentos e insumos médicos. Una resolución no puede invalidar una ley. Si quieren cambiar eso, deberían modificar la legislación, no saltársela”, señaló.
Desde el Colegio de Farmacéuticos y otras entidades del ámbito sanitario, se anticipa la posibilidad de realizar presentaciones legales para frenar la implementación de esta medida. “No podemos avalar una normativa que pone en riesgo la salud colectiva. Esto no es solo una decisión equivocada, es una amenaza sanitaria”, concluyó Molina.
