La pesca, uno de los pilares económicos del sur argentino, atraviesa una de sus crisis más profundas en aguas nacionales. El conflicto entre empresarios pesqueros y trabajadores nucleados en el SOMU (Sindicato de Obreros Marítimos Unidos) mantiene paralizada a buena parte de la flota congeladora, con graves consecuencias económicas y sociales para Chubut y otras provincias involucradas.
“Desde octubre del año pasado que los marineros no trabajan. Están pasando una situación terrible”, explicó el secretario de Pesca de la provincia del Chubut, Andrés Arbeleche, en diálogo con Radio LU 20. El funcionario aclaró que si bien el conflicto tiene origen y jurisdicción nacional, el impacto en la provincia es “muy importante”, ya que cerca del 60% de la flota congeladora tiene asiento en Chubut.
Un conflicto donde “todos tienen razón”
El origen del conflicto es complejo. Por un lado, las empresas sostienen que no pueden operar bajo los actuales costos, especialmente con un esquema salarial anclado en un valor de langostino artificial —12 dólares el kilo— que está completamente desfasado. Por otro lado, los trabajadores resisten cualquier intento de reducción salarial que implique resignar hasta un 30% de sus ingresos.
“La situación es de tal complejidad, ambas partes tienen razón. Por eso es tan difícil de resolver”, reflexionó Arbeleche. En este marco, la provincia pidió la intervención activa del gobierno nacional.
Propuesta del Gobierno Provincial
Desde el Ejecutivo chubutense, que lidera el gobernador Ignacio Torres, se reclama a Nación la implementación de una serie de medidas para destrabar el conflicto:
-
Reducción de retenciones a las exportaciones pesqueras.
-
Eliminación de los Derechos Únicos de Extracción (DUE).
-
Exclusión de los marineros zafreros del pago de Ganancias, al menos en los meses que trabajan.
“El Estado nacional ya perdió más de 200 millones de dólares por la parálisis de la actividad. Es más lo que se pierde sin pesca que lo que se recaudaría manteniendo estos impuestos”, aseguró Arbeleche, quien anticipó que el gobernador llevará nuevamente estos reclamos a Buenos Aires esta semana.
Una prospección que no fue
La última señal de alarma fue la suspensión de la prospección en aguas nacionales. “Ni siquiera lograron completar la cantidad mínima de barcos para iniciarla”, lamentó el funcionario, y cuestionó que la decisión se haya tomado “sin consulta” dentro del Consejo Federal Pesquero, donde Nación tiene la mayoría de los votos.
“Lo más grave es que la Secretaría de Pesca de Nación parece no dimensionar la gravedad del conflicto. Hay una falta de compromiso clara”, sentenció Arbeleche.
¿Impactará esto en la pesca provincial?
Consultado sobre si esta crisis podría afectar la inminente temporada de aguas provinciales, el secretario llevó tranquilidad: “No necesariamente. Son dos mercados distintos, con productos y estructuras diferentes. El langostino que captura la flota fresquera tiene su propio circuito”.
No obstante, reconoció que hay plantas con cámaras frigoríficas llenas y precios deprimidos. “Confío en que el mercado se va a reactivar de aquí a noviembre. Todos los años sucede que a esta altura hay stock, pero luego se vacían las cámaras”, explicó.
Mayor control, mayor transparencia
En otro plano, el funcionario destacó la incorporación de un nuevo sistema de monitoreo en tiempo real de la flota pesquera, a través de la empresa Skylight, en colaboración con una ONG ambiental. “Este sistema nos permite saber con precisión dónde está cada barco, si está pescando o no, a qué velocidad navega. Vamos a poder fiscalizar de manera mucho más eficiente”, detalló.
Este avance en trazabilidad es clave para sostener la certificación internacional MSC (Marine Stewardship Council) que Chubut obtuvo recientemente para su langostino, uno de los logros más destacados del sector en los últimos años.
