A casi un año de la aprobación por unanimidad de la Ley Provincial N.º 790, conocida como “Ley Salomé”, que garantiza el acceso al cannabis con fines medicinales y terapéuticos en la provincia del Chubut.
La ley está vigente, pero no operativa
La normativa fue sancionada en septiembre de 2024 y publicada en el Boletín Oficial en noviembre del mismo año. Allí se establecieron plazos concretos: 30 días para su reglamentación y 90 días para la puesta en marcha del Registro y la Agencia Provincial de Cannabis. Sin embargo, en mayo de 2025 esos plazos ya se encuentran vencidos.
Desde la sociedad civil y los espacios vinculados a la salud y la producción de cannabis aseguran que existe diálogo con el Estado, pero aún no hay resultados definitivos. Damián Domínguez, referente nacional del sector cannábico, destacó: “El trabajo técnico se inició, se hicieron aportes desde múltiples sectores, pero aún no se ha publicado la reglamentación. Eso genera un cuello de botella en la implementación de todo el sistema que la ley contempla”.
Avances y desafíos
En abril pasado, el Gobierno del Chubut presentó un anteproyecto a diversos actores sociales, científicos, productivos y del ámbito médico. A partir de allí, se abrieron espacios de consulta y revisión del texto. La intención del Ejecutivo es que la reglamentación final contemple las realidades locales y brinde un marco seguro tanto para pacientes como para desarrolladores.
Desde el sector, valoran esta apertura y el trabajo colaborativo, pero advierten que la reglamentación es urgente. “Mientras el sistema no esté operativo, no se pueden otorgar permisos, ni producir ni distribuir aceites medicinales desde el circuito legal. Es una situación que afecta tanto a pacientes como a pequeños productores que hoy no tienen una cobertura normativa para seguir trabajando”, explicó Domínguez.
Impacto en salud y producción
Si bien la Ley Salomé contempla una perspectiva integral que incluye producción, investigación y desarrollo, el eje prioritario sigue siendo la salud. Muchos pacientes dependen del cannabis medicinal para tratar afecciones como epilepsia, dolor crónico, ansiedad o tratamientos oncológicos. “No estamos hablando solo de potencial económico. Estamos hablando de calidad de vida. Y cada día de espera cuenta”, remarcó Domínguez.
También se espera que, una vez reglamentada, la ley permita formalizar el trabajo de pequeños y medianos productores, desarrolladores genéticos y comercializadores de semillas y plantines, muchos de los cuales enfrentan vencimientos legales de habilitaciones nacionales. Por ejemplo, el 31 de mayo vence el registro de fitomejoradores y comercializadores ante el INASE, lo que podría complicar aún más el panorama legal de estos actores.
Un marco legal con respaldo institucional
La Ley Salomé no solo permite el cultivo, producción y distribución de cannabis medicinal, sino que también establece la creación de una Agencia Provincial y un Registro de personas usuarias, médicas y cultivadoras. Además, contempla un Consejo Asesor Interdisciplinario para acompañar la implementación, con representantes del sistema de salud, ONGs, universidades, el Poder Judicial y otros sectores clave.
La norma se diseñó para ser una política pública con enfoque sanitario, productivo y de derechos humanos. En este sentido, la provincia ha dado pasos importantes, como la capacitación de fuerzas de seguridad en la correcta interpretación de la normativa vigente y la participación activa de instituciones provinciales en proyectos productivos.
Lo que viene
Desde el Gobierno del Chubut ratificaron su compromiso con la implementación de la ley, y señalaron que el proceso de reglamentación debe hacerse con responsabilidad institucional, técnica y social. En diálogo con los distintos sectores, se espera que el texto final sea presentado en las próximas semanas.
La reglamentación de la Ley Salomé marcará un hito para la provincia, que busca convertirse en referente a nivel nacional en políticas de cannabis medicinal con enfoque soberano y local. Mientras tanto, pacientes y organizaciones esperan que el marco legal comience a funcionar pronto y transforme en derechos efectivos lo que ya está garantizado por ley.
