El pasado 7 de marzo de 2024, en Puerto Madryn, seis gobernadores patagónicos —de Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego— dieron nacimiento a un frente regional que sorprendió por su contundencia política: las Provincias Unidas del Sur. Hoy, a 14 meses de aquella fundación histórica, es momento de hacer un balance: ¿cuánto se ha avanzado? ¿Qué logros se pueden señalar?
La Declaración de Puerto Madryn fue el punto de partida de un proyecto que busca más que visibilidad: persigue una mayor equidad en la distribución de recursos, la defensa de los intereses productivos del sur argentino, y una voz conjunta en el escenario político nacional.
Desde entonces, los avances han sido visibles:
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Se consolidó el Foro Permanente de Legisladores Patagónicos, con participación activa en el Congreso para frenar iniciativas lesivas a la región y promover proyectos con una mirada federal.
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Se firmaron acuerdos interprovinciales en materia energética, apostando por el desarrollo sustentable, la defensa del gas y el petróleo, y la promoción de energías limpias con beneficios regionales.
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Se unificaron reclamos sobre la coparticipación y el transporte, presionando al gobierno nacional por una distribución más equitativa de recursos y por obras de infraestructura largamente postergadas.
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El bloque patagónico se volvió protagonista en la agenda pública, articulando con sectores productivos, cámaras empresarias, sindicatos y universidades para planificar un modelo de desarrollo propio.
Sin embargo, a pesar de los avances, aún se esperan definiciones concretas que profundicen este camino. La articulación entre provincias sigue enfrentando desafíos internos (como la diversidad de ritmos políticos y económicos) y externos (como las tensiones con la Nación), y el futuro del proyecto requiere de mayor institucionalización y compromiso político sostenido.
En paralelo, el país parece comenzar a imitar la lógica de articulación regional que la Patagonia ensayó con éxito. El próximo martes, en Entre Ríos, varios gobernadores de distintas extracciones políticas —entre ellos Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Raúl Jalil (Catamarca)— participarán de una cumbre para analizar el impacto de las últimas medidas económicas del Gobierno nacional, especialmente la caída de la coparticipación y la alteración de los calendarios fiscales.
Este encuentro, impulsado junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI), representa algo más que una reunión técnica: es una señal de que las provincias están dispuestas a dialogar y cooperar más allá de sus diferencias políticas, en pos de un objetivo común. Así como las Provincias Unidas del Sur entendieron que la defensa de los recursos y la planificación del desarrollo no podía quedar librada a la suerte de decisiones centralistas, hoy otros distritos se alinean en una lógica similar: construir unidad en la diversidad para defender la autonomía, la equidad y la sostenibilidad fiscal.
Los paneles previstos en Entre Ríos, que abordarán desde el financiamiento para el desarrollo hasta el futuro productivo y la economía del conocimiento, marcan también una coincidencia de agenda con los objetivos del bloque patagónico.
Si algo dejó claro Puerto Madryn en marzo de 2024 es que el federalismo no nace del discurso, sino de la práctica. Y esa práctica requiere voluntad, organización y —sobre todo— un rumbo compartido.
