En un contexto de fuerte tensión entre la cooperativa Servicoop y la empresa proveedora de energía CAMMESA, el Concejo Deliberante de Puerto Madryn aprobó un aumento tarifario que oscilará entre el 16 y el 22%, aplicable en dos tramos a partir de mayo. Dardo Petroli, presidente del bloque oficialista y de la Comisión de Obras Públicas del Concejo, confirmó que este incremento responde tanto a una deuda acumulada desde 2019 como a la necesidad de actualizar un cuadro tarifario profundamente desfasado.
“Es cierto que en algunos casos la suba puede alcanzar el 22%, dependiendo del consumo. La decisión no fue fácil porque toca el bolsillo de la gente”, reconoció Petroli en una entrevista. Afirmó también que la medida fue acompañada por sectores de la oposición, quienes colaboraron en la redacción del artículo 6 de la ordenanza que obliga a que todo lo recaudado por el aumento se destine exclusivamente al pago de la deuda con CAMMESA.
Uno de los aspectos más polémicos gira en torno al cobro anterior del ítem MEM —destinado teóricamente a cubrir el costo de la energía—, que según reconoció el propio concejal, “era mínimo y no alcanzaba para cubrir ni una fracción de la factura real”. En consecuencia, se generó un fuerte desfasaje: los usuarios pagaban menos de lo que efectivamente debía abonar la cooperativa, lo que terminó engrosando la deuda, que hoy rondaría los 500 millones de pesos mensuales.
El malestar entre los vecinos crece al sentirse “doblemente cobrados”: pagaron durante años un concepto que, en la práctica, no se aplicó a su propósito original. “Esa plata se usaba para otras actividades, como obras. Pero el monto era insuficiente y la diferencia se fue acumulando”, explicó Petroli.
Además, el concejal detalló que la cooperativa presentó una demanda judicial contra CAMMESA, reclamando una compensación por obras que, según argumenta, debieron ser financiadas por el Estado Nacional. La medida cautelar obtenida frenó embargos y ejecuciones, pero el proceso aún sigue su curso en la Justicia bonaerense. “Esto está pendiente de un hilo. La justicia definirá si la razón la tiene CAMMESA o la cooperativa”, dijo.
El escenario, en definitiva, expone un entramado complejo de decisiones políticas, tarifarias y judiciales, en el que la ciudadanía queda atrapada en medio de responsabilidades cruzadas y una deuda que, finalmente, termina pagándose con aumentos.
