El sistema de vouchers educativos, no sólo no es constitucional sino que profundizaría las desigualdades y rompería el sistema educativo.
Nuestro país debe hacerse cargo de una profunda crisis educativa que atraviesa y que es la causa de los catastróficos datos que exponen una realidad: los niños y adolescentes, no aprenden en las escuelas lo que deberían aprender. La escuela ha dejado de ser un espacio de aprendizaje, de desarrollo y formación. Los recurrentes paros docentes, la falta de condiciones edilicias para el funcionamiento escolar, el permanente recorte al presupuesto educativo y la falta de modernización de la escuela, conducen directamente a un proceso de precarización educativa.
Una sociedad encuentra sus bases en la educación, en la construcción de personas con una mirada crítica, capaz de resolver problemas cotidianos y complejos, que puedan proyectarse y construir para sí, el camino que desean. De ahí el rol importante y fundamental que tiene el Estado en cuanto garante de esas posibilidades.
Debemos trabajar en una reforma integral del sistema educativo. Cada provincia debe articular con la Nación, un esquema sostenible por el que se garanticen 190 días de clase, los planes y programas educativos estén en conexión con la realidad, adaptados a las nuevas tecnologías y a los contextos en los que se desenvuelven, la educación debe ser declarada un servicio público esencial y se debe garantizar el cumplimiento de la financiación meta en cada distrito de nuestro país. La educación, debe volver a ser un tema central en cualquier discusión pública y, un eje rector, en la agenda de todos los gobiernos. De eso, estamos todos de acuerdo.
Sin embargo, la discusión pública que muchos quieren instalar gira en torno al desconocimiento y la falta de seriedad respecto a la educación. El famoso “voucher” o sistema de vouchers que se propone desde La Libertad Avanza, representa explícitamente la mercantilización de la educación. Una propuesta limitada, propia de un espacio que poco conoce de las realidades de nuestro país y que resulta contraria a los principios constitucionales vigentes.
En teoría, los vouchers educativos permiten a las familias “elegir” la escuela que consideren mejor para sus hijos, utilizando fondos públicos para financiar la educación. Y coloco “elegir” entre muy grandes comillas, porque acaba siendo un sistema de asignación automática de la desigualdad, en el que elegir está muy lejos de ser tal.
Además de ser una medida inconstitucional, los vouchers profundizarían la desigualdad existente. La oferta de las escuelas en las distintas ciudades es dispar y no se garantiza la uniformidad en la calidad educativa. Esto sin dudas resta posibilidades y crea un sistema en el que hay estudiantes de distintas categorías. Además, la mercantilización propuesta, apunta directamente a la privatización del sistema educativo, en detrimento de las escuelas públicas.
Quienes abogan por el liberalismo de mercado para todo ámbito de nuestra vida, enfocan sus razonamientos desde la famosa “mano invisible” que controla los mercados y sostienen que es el mercado, un ente cuasi sagrado que asigna de forma eficiente los recursos. Exceden la presente el análisis de las cuestiones teorías atinentes a este aspecto, pero la sociedad ha abandonado hace muchos siglos el pensamiento mágico que guía las acciones y lo ha reemplazado por el pensamiento crítico y científico. Pensar que los “mecanismos automáticos de los mercados” se encargarán de forma justa, a la luz de la experiencia de otros países, suena más que absurdo. Nunca la “educación supermercado” puede asignar de forma justa los recursos existentes para que los niños, niñas y adolescentes puedan acceder a educación de calidad.
El Estado financiaría tanto escuelas públicas como privadas y, lejos de estar en igualdad de condiciones de competencias, se impondrían conceptos de mercado en la gestión educativa, es desmedro de las primeras, todo ello bajo el lema de la libertad de “elegir.
La “educación supermercado” deja afuera a aquellos que no pueden acceder al mejor producto por falta de recursos, así como también condenan a la monopolización de oferta a aquellos que viven en comunidades pequeñas y cuyas instituciones son más que un espacio de formación, y requieren del sostenimiento estatal para su pervivencia.
Sin dudas, perder a la Educación como una herramienta clave de inclusión y movilidad social, ha implicado abandonar un norte al que seguir y sobre el que trabajar en cuanto a políticas públicas. No es la privatización, ni la mercantilización, ni tampoco la voucherización de la educación la salida. Quien plantee lo contrario, solo logrará infancias y juventudes pobres, con falta de perspectiva y desarrollo, pero al cabo, será “lo que el mercado quiere para ellos”. Ni vouchers, ni escuelas que no enseñan. La única propuesta real que apunta a la educación pública, de calidad, que plantea que todos los chicos estén en todas las aulas, de todas las escuelas del país, es la de Juntos por el Cambio, porque ningún niño, niña o adolescente argentino necesita un voucher para acreditarse como dueño del derecho a aprender, el único “documento” que necesitan para ello es uno solo y se llama Constitución Nacional.
María Andrea Aguilera
Diputada Provincial de Juntos por el Cambio
Provincia del Chubut
